A principios de los años 90 del siglo pasado Robert Kaplan y David Norton lanzaron su concepto de Balanced Scorecard, descrito como una serie de indicadores  que permiten al Gerente de una empresa tomar decisiones que mantengan el nivel competitivo de la misma para una excelencia empresarial. Los valores que presentan los distintos indicadores están interrelacionados entre sí y sólo su análisis conjunto y ponderado permite obtener conclusiones sobre la situación real de la empresa.

Tradicionalmente los Cuadros de Mando se han limitado exclusivamente a mostrar valores financieros tales como rentabilidad, liquidez, tesorería,… lo cual permite un diagnóstico correcto de este apartado de la empresa pero limitado para la gestión global de la misma.

Para que un Cuadro de Mando pueda considerarse Integral, debe abarcar indicadores sobre la totalidad de las vertientes de la empresa teniendo en cuenta su business intelligence.

Si la empresa es productiva, debe comprender indicadores sobre la productividad, sus costes, la adecuación de los mismos a las previsiones, los plazos de fabricación y, en general, todos aquellos que permitan evaluar la calidad de los productos producidos entendida en sentido amplio.

Respecto de la actividad comercial, el Cuadro de Mando Integral debe indicar la tipología de clientes, la importancia relativa de cada uno de ellos, el margen que obtenemos en las ventas, el coste de la venta y la correspondencia entre los resultados obtenidos y los previstos.

Sólo si un Cuadro de Mando es Integral, es decir, contempla la totalidad de las áreas de la empresa, permite al empresario tomar decisiones al suponer una visión completa de la empresa.

En todo caso, la introducción de Cuadros de Mando Integrales en una empresa puede resultar compleja y costosa, según el estado de evolución de la misma y resulta aconsejable la introducción de cuadros de mando parciales (empezando por uno económico y financiero), que permita disponer de una visión suficiente de la misma y adaptada a sus necesidades. Así la empresa se va preparando para avanzar en este terreno hacia cuadros de mando integrales en las siguientes fases de su desarrollo.

Contrariamente a lo que pueda parecer, la obligación de documentar operaciones vinculadas es más usual en la gestión empresarial de las PYME de lo que parece. Están obligadas todas las empresas que facturan a sus socios, administradores, o a otras en que coinciden participaciones (dentro de la misma familia) del 25%; también lo están las facturaciones de una empresa con su filial en el extranjero y cualquier facturación entre empresas de un mismo grupo (excepto cuando consoliden fiscalmente) están sometidas a la obligación.

Como se puede observar son muchos los casos en que se dan operaciones susceptibles de la obligación documental, y muchas las empresas que tienen la obligación y la incumplen, la mayor parte de las veces por desconocimiento.

Sin entrar al detalle que todos los interesados pueden consultar en la Ley 36/2006 de prevención del fraude fiscal y sus modificaciones y actualizaciones posteriores, comentaremos que el  principio sobre el que se basa la reglamentación fiscal es que las operaciones vinculadas deberán realizarse siempre a precio de mercado. Este concepto no es fácil de comprobar o justificar, por lo que la legislación determina que las empresas o entidades que lleven a cabo operaciones vinculadas deberán tener a disposición de la Administración Tributaria la documentación e información que lo acredite.

Esta documentación, que garantiza la excelencia empresarial, se agrupa en dos documentos distintos:

Master File: En el que debe informarse de la totalidad de las entidades, empresas o personas pertenecientes al grupo, comprendiendo informaciones tales como:

Descripción de la estructura organizativa, jurídica y operativa del grupo.
Identificación de las diferentes entidades que realicen operaciones vinculadas.
Descripción completa de las operaciones vinculadas.
Descripción de las funciones y riesgos, en la medida que afecten a operaciones del obligado tributario.
Relación de titularidad de patentes, marcas, nombres comerciales,  y su influencia en las operaciones vinculadas.
Descripción de la política de precios del grupo en cuanto a precios de transferencia, que incluya el método de fijación de precios y su adecuación  al principio de libre concurrencia.
Relación de los acuerdos de reparto de costes y contratos de prestación de servicios entre entidades del grupo.
Relación de acuerdos de valoración o procedimiento, en cuanto que puedan afectar a operaciones vinculadas.
Memoria del grupo o informe anual equivalente.

Country file: En el que debe informarse de las obligaciones documentales de cada una de las sociedades que realizan las operaciones vinculadas, tales como:

Datos completos identificativos de las personas, entidades o empresas con las que se realizan las operaciones vinculadas.
Análisis comparativo del valor de transmisión adoptado.
Método de valoración elegido, su aplicación y justificación.
Criterios de reparto de servicios prestados de forma conjunta.
Criterios de reparto de costes.
Pactos y acuerdos que puedan afectar a las operaciones vinculadas.